Por Mildred Rooney
La democracia suele ser esquiva en América Latina. En la historia reciente del Perú hemos tenido disoluciones del Congreso de la República inconstitucionales que se han consumado, como el autogolpe del exdictador Alberto Fujimori a inicios de los noventa; y otra, no concretada el 7 de diciembre del año pasado, protagonizada por el ahora expresidente Pedro Castillo. A la par de estos golpes de Estado hemos atestiguado un constante toma y daca entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Son casi seis años de constante crisis que ha conducido a la vacancia de dos presidentes, la renuncia de otros dos y la disolución de un congreso, cuya constitucionalidad fue validada por el Tribunal Constitucional.
Dina Boluarte, sucesora de Castillo, con un gobierno precario y cada día más deslegitimado, a imagen y semejanza de sus antecesores en este sexenio perdido –que se enrumba a ser septenio este 2023–, también va dandos tumbos entre la renuncia, el entrampamiento del adelanto de elecciones en el Congreso y lo más grave, una investigación fiscal por genocidio –entre otros delitos[1]– y la reciente decisión del 5 de febrero de declarar el estado de emergencia en varios departamentos del sur oriente por 60 días, con la disposición de dejar el control del orden interno en Puno a cargo de las Fuerzas Armadas[2]. Todo ello enmarcado en un espiral de violencia que enluta al país con casi 60 personas fallecidas y que asfixia a las regiones de Cajamarca, Junín, Ayacucho, Madre de Dios, Apurímac, Puno y Cusco, por el bloqueo de carreteras y la restricción del tránsito de personas, mercancías e inclusive ambulancias[3]…
Actores en el centro del debate
Si bien los párrafos precedentes quedan cortos para describir un contexto tan intrincado como el que se vive en el país estimé necesario este preámbulo antes de referirme a lo que se dirige este breve texto: ofrecer algunos apuntes, probablemente insuficientes, sobre el rol que las ONG internacionales, como actores del desarrollo, podrían desempeñar en la actual crisis y con miras al futuro.
Las ONG, sean internacionales o nacionales, son actores siempre controversiales. Pueden ser demonizadas o percibidas como grandes aliadas para caminar hacia el desarrollo. Depende desde donde se les mire, particularmente, desde qué parte y en qué parte del espectro político se les sitúe y cómo las propias ONG se identifiquen, de qué manera funcionan y desde dónde proviene su financiamiento. En suma, la participación de las ONG siempre será objeto de discusión y cuestionamiento.
En este texto procuraré situarme en una posición más auspiciosa, aunque indudablemente hay literatura académica y profesional crítica sobre la labor de las ONG internacionales y los desafíos que enfrentan para lograr alcanzar los objetivos que sustentan su existencia, tales como: focalizarse más en los intereses de las fuentes de financiamiento (gobiernos o empresas) en lugar que las necesidades de desarrollo de los países en los que operan; sustituir al Estado; reducir el poder de la ciudadanía por la falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; aplicar un enfoque vertical de arriba-abajo en la formulación e implementación de proyectos; entre otros[4].
Con todo, en países como el Perú, en el que la capacidad estatal tiene limitaciones estructurales y funcionales, las ONG internacionales asumen un rol significativo para la construcción de ciudadanía y como correlato de democracia y desarrollo. Y es por este lado que quisiera enfocar mi reflexión.
Democracia en declive, derechos en peligro
En un contexto como el que vivimos en el Perú, tan complejo, con pocas opciones de diálogo, con poca disposición para abordar los problemas, entre tantos grises, solo queda claro que resulta necesario fortalecer nuestra enclenque democracia, que hace unos días ya no es considerada como “democracia defectuosa”, sino como “régimen híbrido” por el “Index Democracy 2022” de The Economist. En síntesis, el “régimen híbrido” atribuido al Perú se explica a partir del bajo nivel en “cultura política” que pasó de 3.75 en 2021 a 3.13 en 2022, y por la reducción de “libertades civiles” que de 7.06 en 2021 se redujo a 6.47 en 2022.
Es importante puntualizar que en el indicador “cultura política”, el Index mide el deseo de un líder fuerte autoritario, la preferencia por un régimen militar, la desafección por la democracia (proporción de la población que cree que las democracias no son buenas para mantener el orden público), entre otros. En tanto, en las “libertades civiles” se incluyen la libertad de prensa, expresión y protesta; el derecho a formular peticiones al gobierno; el uso de la tortura por el Estado; la percepción de la población sobre la protección de derechos humanos; el grado de discriminación; la restricción de libertades civiles por parte del gobierno con la invocación de riesgos y amenazas; etc.
Cabe precisar que el Index de The Economist se refiere al año 2022, por lo que toma los 24 días de gobierno de Dina Boluarte, así como los otros once meses de Pedro Castillo. Como se ha visto, este estudio muestra que el deterioro democrático se centra en la baja cultura política y la afectación a las libertades civiles que se ha intensificado en el último año y se han acelerado en los últimos dos meses. Y aquí viene mi invocación a las ONG internacionales para contribuir con la democracia.
Nuestra cultura política es sumamente escasa y proclive a preferir una ruptura del orden democrático, con voces estridentes que están de acuerdo con el cierre inconstitucional del Congreso, así como por quienes proclaman como salida, el ejercicio de la violencia estatal a través de la participación de las Fuerzas Armadas, pese a que ni su formación y preparación, ni los medios que emplean son idóneos para abordar protestas sociales desbordadas que al incluir la comisión de delitos desvirtúan su naturaleza legítima de derecho fundamental. El peor resultado posible con esta estrategia que ya se ha oficializado en Puno y el más probable sería el incremento del número de víctimas mortales, pues los únicos medios disponibles en este caso son las armas de guerra que porta el personal militar y que no deberían ser disparadas contra población civil.
Cómo mirar hacia al futuro con apoyo internacional
En el corto plazo, el llamado se concentra en que las ONG internacionales que ya cuentan con vínculos directos o indirectos con la sociedad civil protestante, a través de sus aliados locales coadyuven a reencauzar el curso de la situación hacia un urgente proceso de diálogo que conduzca hacia la paz, y a acciones concretas para atender esta vez sí, las legítimas demandas de desarrollo. Las ONG internacionales también cuentan con los medios y la experiencia, para colocar la actual crisis en la agenda internacional y mediar para que el Gobierno opte por una estrategia pacifista sustentada en la comunicación y la búsqueda de consensos, y no por el ejercicio de la violencia estatal. Para ello el Ejecutivo[5] debe mostrar disposición a ceder en lo que no se sitúe en el núcleo irreductible de la democracia. Quienes ejercen violencia en las protestas minan la democracia peruana y la respuesta del gobierno de Boluarte también lo hace. Dos extremos irreconciliables que se enfrentan día con día, que opacan las protestas pacíficas y legítimas, y que profundizan nuestras históricas y encarnadas divisiones.
Para el mediano y largo plazo apremia que las ONG internacionales renueven su compromiso con el desarrollo y la democracia en el Perú, a través de la construcción participativa de capacidades en la ciudadanía, no desde un enfoque receptivo, sino con una sociedad civil activamente involucrada. Necesitamos conocer como ciudadanas y ciudadanos nuestros derechos y deberes, dejar de considerar que un golpe de Estado civil o militar ayudaría a solucionar los complejos problemas que enfrentamos, necesitamos contribuir como ciudadanas y ciudadanos en el fortalecimiento de la instituciones, así como accionar los mecanismos legales e institucionales con los que contamos para transformar las situaciones de exclusión y desigualdad, y crear nuevos espacios para, como dice la profesora Marisa Revilla: “(…) producir una nueva forma de unión entre sociedad y política”[6]. De igual manera urge continuar y fortalecer la eficacia de la cooperación técnica internacional orientada a robustecer los mecanismos de transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos, de tal forma que nos encaminemos hacia un Estado que no solo se centre en el crecimiento macroeconómico, que ni de lejos es sinónimo de desarrollo.
En todo ello, las ONG internacionales pueden ser de mucha ayuda y ya lo son, aunque suelan identificarse como organizaciones “apolíticas” y existan riesgos de un esquema de arriba hacia abajo, las implicancias de estas acciones de la cooperación internacional sin duda se situarán en la dimensión política y aportarán a construir un desarrollo centrado en el bienestar de las personas[7]. Vincular el desarrollo con la democracia y viceversa es imprescindible[8]. Y el momento de la acción para la solución pacífica de nuestros desencuentros es ahora. La dilación de esta situación de desborde y de posiciones confrontadas, solo nos puede conducir a un peor escenario cada vez más dividido, más excluyente y menos democrático.
[1] El 10 de enero de 2023, la Fiscalía de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, y los ministros de Defensa y el Interior, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
[2] El texto del dispositivo normativo aprobado por el Gobierno de Boluarte puede ser visto en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-el-estado-de-emergencia-en-los-departamentos-de-mad-decreto-supremo-n-018-2023-pcm-2149044-1/
[3] Según datos de la Defensoría del Pueblo al 2 de febrero han fallecido diez personas en accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo de carreteras. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/02/ReporteDiario222023_13horas.pdf
[4] Para revisar algunos de los pros y contra frente al rol de las ONG véase: Joachim, J. (2019). 22. NGOs in world politics. En: Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. Oxford: Oxford University Press.
[5] Este texto no se centra en el Poder Legislativo, pues a la fecha no se ha logrado aprobar ningún proyecto de adelanto de elecciones y no se aprecia posible convergencia de agendas entre los partidos de izquierda y derecha en el corto plazo.
[6] Para la ampliar el tema relativo a las ONG como mecanismos de participación política véase: Revilla Blanco, Marisa (ed.) (2002). Las ONG y la política. Madrid: Ediciones Istmo https://eprints.ucm.es/id/eprint/44325/1/Zona%20Peatonal.pdf
[7] En el texto “Desarrollo y Democracia en el Perú: Contribución de la cooperación internacional y rol de las organizaciones dela sociedad civil” (2018), la COEECI destacó como dos de sus desafíos: (i) Respaldar a las organizaciones peruanas en su trabajo de concertación, de incidencia y de vigilancia hacia políticas públicas con o hacia las instancias del Estado a nivel local, regional y nacional, así como en la articulación internacional en temas bilaterales o multilaterales; y, (ii) Promover y facilitar el debate para defender la democracia y reinventarla, así como sus modelos de desarrollo que incluyan de manera equitativa los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. Véase: http://www.coeeci.org.pe/wp-content/uploads/2018/08/desarrollo-democracia-peru-coeeci-2018.pdf
[8] Sobre democracia y desarrollo véase: Tommasoli, M. (2013). Democracia y desarrollo: El rol de las Naciones Unidas. Documentos de políticas. Naciones Unidas, IDEA Internacional. https://www.idea.int/sites/default/files/publications/democracia-y-desarollo.pdf
