Uno de los protagonistas del estallido social peruano son sin duda las comunidades indígenas, quienes a través de sus organizaciones han continuado defendiendo su legítimo derecho a la protesta. “Las organizaciones indígenas y populares sienten el rechazo de la clase política”, afirma Raquel Yrigoyen del IIDS, institución que asesora a la plataforma de organizaciones indígenas y afroperuanas impulsoras de la Agenda de los Pueblos para el Bicentenario, donde vienen planteando propuestas que pueden dar salidas para la crisis actual.
El intento de anular sus votos, así como las mociones para vacar a Pedro Castillo apenas fue electo, han hecho sentir a las organizaciones indígenas que la clase política, liderada por la derecha peruana, quería deshacerse de Castillo desde el inicio, no tanto por lo que hacía o no, sino por ser como uno de ellos, de extracción indígena y popular.
Este malestar se ha hecho más visible con la crisis política actual, la que ha puesto en evidencia que los pueblos indígenas no se sienten representados políticamente en el Estado. Ante este escenario, Yrigoyen detalla algunas de las salidas de fondo para enfrentar esta crisis, con base en las demandas y derechos de participación política de los pueblos indígenas.
Pregunta: Se dice que las organizaciones indígenas no tienen propuestas. Sin embargo, junto con muchas de ellas, elaboraron cinco propuestas de ley. Háblanos sobre ellas y cómo se vincula con el estallido actual.
Raquel Yrigoyen (R.Y.): Las cuatro primeras propuestas, presentadas el 2020, se refieren al registro de la personalidad jurídica de «Pueblos», la titulación de la propiedad territorial de pueblos, la coordinación intercultural entre sistemas jurídicos de los pueblos y el Estado, y la amnistía para indígenas injustamente perseguidos. La última propuesta, presentada el 2022, busca atender el problema actual de falta de representación política de los pueblos indígenas y afroperuanos en el Estado. El Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú, establece que debe haber un mínimo de representación política de los pueblos indígenas y tribales en instancias electivas y administrativas. Sin embargo, el Perú parece ser el único país de la región que no tiene institucionalidad indígena, desde que desapareció el INDEPA[1]. No tiene una cuota de representantes indígenas en el Congreso, ni a nivel regional o municipal.
Por ello, uno de los planteamientos es la inclusión de una cuota del 30% para pueblos indígenas y afroperuanos. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el último censo del 2017, estableció que el 26% de la población se autoidentifica como indígena y el 4% como afroperuana. Entonces, sumando ambos debería de haber una cuota de representantes de pueblos indígenas y afroperuanos del 30% en el Congreso y en una futura asamblea constituyente.
Otra propuesta es el referéndum para consultar si la población quiere una asamblea constituyente. Lamentablemente, los que dirigen la clase política no quieren de ninguna manera hacer un referéndum para la asamblea constituyente y la nueva constitución. Algunos se preguntan por qué el Congreso no reforma simplemente algunas partes de la Constitución, pero en materia constitucional siempre hay tres preguntas que responder: quién hace la Constitución, qué derechos se reconoce y cómo es la distribución de poderes. La Constitución es un instrumento de distribución de poder y el problema no es sólo qué cambiar en la Constitución, sino que los pueblos indígenas nunca han participado en un proceso constituyente y eso es lo que demandan. Incluso, las mujeres representaron solo 2% en la constituyente del 79 y 7% en la del 93. Que haya una constituyente con 50% de mujeres y con un 30% de cuota para pueblos indígenas y afros es un planteamiento sumamente democrático.
Creo que estas son pistas para salir de esta crisis de representación política que tenemos, pero la clase política hegemónica está muy cerrada, no quiere ni siquiera debatir estos temas, ni adelantar las elecciones para este año.
P. Un primer tema sería frenar la violencia y establecer canales de diálogo por parte del Ejecutivo, pero dicen que no hay con quién ¿Es posible abrir un diálogo con las organizaciones indígenas para encontrar salidas?
R.Y. Sí. Las organizaciones indígenas movilizadas están muy bien organizadas y representadas, como la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), etc. El punto está en que los planteamientos que está haciendo la sociedad civil y los de la clase política hegemónica son antagónicos: las organizaciones indígenas y la gente en la calle piden asamblea constituyente, que renuncie la junta directiva del Congreso y la presidenta, pero ninguno de éstos tiene la intención de hacerlo y ahí no se ve una solución.
Donde sí podría haber una solución es en la inclusión de la cuota indígena en las nuevas elecciones, pues ayudaría a resolver parte de la crisis de representación política. Si esto no se da y entran los mismos partidos de siempre, vamos a tener nuevamente esta crisis periódica de representación.
Es necesario entender que es un derecho de los pueblos indígenas participar tanto en el Congreso como en la elaboración de la Constitución. Lamentablemente, la prensa no visibiliza las propuestas indígenas y la derecha ha demonizado, incluso, la mera posibilidad de consultar, a través de un referéndum, si la población quiere o no una Asamblea Constituyente. Y, aquí, la cooperación, la academia, las Iglesias y todos pueden ayudar a reflexionar sobre estos planteamientos: la cuota de pueblos en el Congreso y el referéndum consultivo. Estos son asuntos viables, democráticos, y pueden ayudar a salir de la actual crisis de representación política.
«La Constitución es un instrumento de distribución de poder y el problema no es sólo qué cambiar en la Constitución, sino que los pueblos indígenas nunca han participado en un proceso constituyente y eso es lo que demandan.»
Raquel Yrigoyen, miembro fundador del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)
P. Si hay intención de diálogo y propuestas por parte de las organizaciones indígenas, ¿Por qué aún no se les ha escuchado? ¿Cómo puede la cooperación colaborar con ese diálogo?
R.Y. Las organizaciones impulsoras de la Agenda de los Pueblos están haciendo planteamientos serios y han hecho una propuesta de ley para garantizar la cuota de pueblos indígenas y afroperuanos en el Congreso, así como en una asamblea constituyente. Vienen buscando dialogar con congresistas, la academia, la cooperación, etc.; pero no son atendidos y esta demora de la solución de la crisis política está generando mucho descontento.
Además, hay un descontento histórico que se puede canalizar de una mala manera. Por ejemplo, la gente que vive en zonas afectadas por la minería y que siente que no percibe beneficios, que sus necesidades básicas no son atendidas, que son “ninguneados”, pueden empezar a tener salidas violentas. También, se ha agudizado un lenguaje fascista, de desprecio y racismo desde la prensa, los partidos de derecha y el gobierno, y eso es muy peligroso.
Es aquí donde la cooperación puede ayudar abriendo canales donde se escuche estos planteamientos, se escuche a las organizaciones, sus propuestas y no se les califique de “terroristas”.
Lamentablemente, tenemos un Tribunal Constitucional que no garantiza los derechos humanos de defensores y hay una falta de institucionalidad para la defensa del Estado democrático de derechos, como lo vimos en el caso de la intervención de la Universidad San Marcos. Ahí, la Fiscalía, en vez de denunciar los abusos de dicha intervención, persiguió a los indígenas y estudiantes arbitrariamente detenidos. Entonces, en ese contexto, es muy importante la cooperación como respaldo de la sociedad civil, tanto para la urgente intervención humanitaria que se requiere, como para apoyar y difundir las reflexiones de fondo, de cómo democratizar el Estado y garantizar los derechos de participación política de los pueblos.
P. A lo largo de tu carrera has apoyado a través de la cooperación internacional a organizaciones indígenas en contextos similares como Guatemala después de la guerra, Bolivia o Camboya. ¿En qué campos crees que la cooperación debería centrarse en situaciones así?
R.Y. Creo que la cooperación puede hacer mucho en diversos campos. Uno de ellos es visibilizar los debates de fondo frente a injusticias históricas como la exclusión política de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Lamentablemente, está ganando mucho ese discurso de que quien plantea estos temas es un “terrorista”. Entonces, desde ese campo se puede hacer mucho generando un debate académico, ayudando a difundir que hay temas de fondo que analizar. También, hay cuestiones más concretas e inmediatas. Las organizaciones estamos desbordadas ante las detenciones o los procesos penales que se están abriendo diariamente contra dirigentes. Se necesita manos para la defensa legal y ayuda humanitaria.
Cada vez que hay una movilización, lo que hay es el uso abusivo de la fuerza, con el resultado de más de 50 muertos y cientos de heridos. Además, aumenta la estigmatización y persecución de dirigentes y de organizaciones que sólo buscan profundizar la democracia, como exigir una asamblea constituyente paritaria y con participación de los pueblos. Ahí la cooperación tiene un papel importante en ayudar a difundir en el mundo lo que sucede: el uso extremado de la fuerza ante planteamientos políticos; lo que no debería de darse de ninguna manera.
En síntesis, la cooperación puede apoyar en estos esos tres campos: Primero, lo más urgente, es la difusión de lo que pasa y la ayuda humanitaria; segundo, la ayuda legal para los indígenas movilizados, para que las organizaciones les podamos asesorar en su defensa; y tercero, difundir las propuestas políticas indígenas, y ayudarnos a sostener los espacios de análisis, elaboración de propuestas y debate democrático.
«Creo que la cooperación puede hacer mucho en diversos campos. Uno de ellos es visibilizar los debates de fondo frente a injusticias históricas como la exclusión política de los pueblos indígenas y afrodescendientes.»
Raquel Yrigoyen, miembro fundador del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)
P. Denos un poco más de detalle sobre cuáles son esos debates que deben ser apoyados y el rol internacional que la cooperación puede jugar…
R.Y. Desde hace unos años, hay una plataforma de organizaciones de pueblos indígenas y afroperuanos que impulsan la “Agenda política y legislativa de los Pueblos”, la cual cuenta con la asesoría técnica del IIDS. Esta Agenda comprende, entre otras, el proyecto de ley para incluir la cuota del 30% de representantes de pueblos tanto en el Congreso como en una asamblea constituyente. Nos gustaría que la cooperación nos apoye en sostener esta tarea de reflexión, análisis, producción, debate y difusión de propuestas de los pueblos. Urge debatir sobre estos temas y hacer análisis comparado entre países.
También, necesitamos apoyo para tener medios de comunicación y difusión propios, porque lo que se está difundiendo en los medios de comunicación grandes es solo la visión de desde un lado, una visión fascista del movimiento indígena, y no se están visibilizando sus propuestas políticas democráticas. Se necesitan espacios donde se puede escuchar la voz de las autoridades indígenas.
[1] Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, creado por Ley Nº 28495, el 2005.
