Por Patricia Páez.
Raquel Yrigoyen Fajardo es abogada y ha trabajado en diferentes países en acceso a la justicia, pluralismo jurídico, pueblos indígenas y mujeres. Desde el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), donde es miembro fundador, ha acompañado las demandas y luchas de los pueblos originarios desde hace 20 años. Es a través de esta experiencia que reflexiona sobre los desafíos y retos de la cooperación enfocado en América Latina y sus comunidades indígenas.
Si hablamos de los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas latinoamericanos, podemos mencionar la distribución de los recursos, la participación política y el respeto territorial. No obstante, un desafío que sigue pendiente y que es primordial para la agenda indígena tiene que ver con el derecho a la autodeterminación. Es decir, su derecho a decidir libremente sus propias formas de gobierno, desarrollo económico, social y cultural.
“Los pueblos han sufrido tres ciclos históricos de invasión. Primero, en el siglo XVI por los europeos. Luego, en el siglo XIX, lo que Rodolfo Stavehnhagen llamó el colonialismo interno, por hacendados, caucheros, etc. Ahora, desde los últimos 30 o 40 años vienen sufriendo la invasión por las corporaciones fundamentalmente extractivistas (mineras, petroleras, forestales, energéticas etc). Entonces frente a esa invasión el principal desafío que tienen los pueblos es sobrevivir, resistir en esos contextos de permanente agresión”, explica Yrigoyen.
En este campo, existen algunos avances, pues el derecho internacional contemporáneo de pueblos indígenas reconoce la autodeterminación. Esto, para la abogada peruana, se puede ver como un enfoque liberador, descolonizador y emancipador. “Ya no están sujetos al traslado forzoso, a la imposición de proyectos de desarrollo o a la reducción de sus sistemas jurídicos… sino que sus propios sistemas jurídicos son reconocidos con sus autoridades, con derecho propio de funciones jurisdiccionales”.
No obstante, aclara que existe un marco de derecho que los gobiernos no están implementando. Esto está provocando que los sistemas judiciales se vean debilitados frente a las corporaciones. “Obliga a los pueblos a tener que movilizarse permanentemente, a tener que litigar, no solo en instancias nacionales, sino también en instancias internacionales porque no siempre ven posible que se acojan sus demandas en esfera interna,” comenta.
«Frente a esa invasión el principal desafío que tienen los pueblos es sobrevivir, resistir en esos contextos de permanente agresión”.
-Raquel Yrigoyen Fajardo, IIDS.
Una agenda para compartir con los pueblos indígenas
Para Yrigoyen, la cooperación siempre ha tenido su propia agenda; algo que en ocasiones no ha podido entenderse desde América Latina. Por ello, considera que un reto de la cooperación sería que esté abierta a las agendas propias del Sur global, a las agendas de los pueblos indígenas y a grandes retos como litigar o hacer propuestas normativas.
Igualmente, considera que el acompañamiento de las agendas de indígenas a largo plazo es uno de los retos más difíciles para la cooperación. Esto se debe a que muchas veces la cooperación quiere respuestas puntuales, mientras que los procesos son dinámicos y complejos. Por eso, concuerda sobre la necesidad de que los objetivos tengan mayor flexibilidad. “Lo que queremos es empujar, por ejemplo, cambios institucionales, legales, cambios en la cultura jurídica. Y, aunque tengamos una hoja de ruta para lo que queremos, tenemos que tener cierta flexibilidad para avanzar en lo que se puede en coyunturas muy complejas en nuestros países. Son coyunturas altamente políticas, con muchas variables que tienen que ver con el poder”.
Si bien el IIDS ha realizado propuestas en el campo constitucional y legal, también ha fomentado la formación y el diálogo intercultural a través de cursos virtuales y presenciales. En ellos, tanto personas de comunidades indígenas como jueces, funcionarios y asesores legales han podido participar e intercambiar creando espacios de diálogo. Asimismo, Yrigoyen destaca logros en el campo legal, con sentencias innovadoras como la que declara la nulidad de todas las concesiones mineras en un territorio en la comunidad Tres Islas.
«Aunque tengamos una hoja de ruta para lo que queremos, tenemos que tener cierta flexibilidad para avanzar en lo que se puede en coyunturas muy complejas en nuestros países. Son coyunturas altamente políticas, con muchas variables que tienen que ver con el poder”.
– Raquel Yrigoyen Fajardo, IIDS.
En cuanto al pluralismo jurídico, resalta el caso de Eva Cárdenas, una mujer machiguenga que no recibía pensión de viudez. Cárdenas no estaba casada acorde al matrimonio civil, aunque la autoridad comunal sí reconocía que estaba casada según el derecho machiguenga. Con la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, se reconoció que “las decisiones de los pueblos indígenas tienen el mismo valor que una sentencia de la justicia ordinaria”. De esta manera, la autoridad indígena ordenó el pago de la pensión de viudez al gobierno regional. Ahora ella recibe este apoyo gracias a la decisión indígena, reconocida con las mismas potestades que una decisión judicial.
Una esperanza para el futuro
Tras viajar a Piura, Yrigoyen nos describe la resistencia de 20 años de las rodas y comunidades campesinas afectadas por el megaproyecto minero Río Blanco. Actualmente el proyecto pertenece a la empresa Rio Blanco Copper que agrupa tres accionistas chinos. Este tiene como plan realizar 10 tajos a cielo abierto destinados a la extracción de cobre. Sin embargo, la explotación minera en la zona afectaría todo el sistema hídrico de las cabeceras de cuenca que baña cuatro provincias peruanas: Huancabamba y Ayavaca, en Piura; y San Ignacio y Jaén, en Cajamarca.
A pesar de que el proyecto se encuentra en “etapa de estudios de factibilidad”, Yrigoyen cuenta que su posible reactivación tiene preocupados a los pobladores. Su anterior dueña, la empresa inglesa Majaz, fue demandada y obligada a pagar una indemnización a las comunidades tras los conflictos que se produjeron y que dio como resultado la muerte de dos campesinos. No obstante, la empresa vendió sus acciones a Río Blanco Copper en 2007, quien ahora realiza gestiones para reiniciar las explotaciones mineras.
“La angustia que viven las comunidades y rondas es muy grande porque antes se han tenido que movilizar y ahora nuevamente deben hacerlo,” dice. A pesar de ello, la abogada también pudo ver esperanza. “En las asambleas había niñas y niños del colegio de la primaria que estaban muy preocupados, pero muy atentos. Esto significa que el futuro (los niños de las comunidades campesinas y nativas) está comprometido con defender sus aguas, su territorio y la belleza de esos paisajes que son los bosques húmedos andinos (…)”.
Es en este contexto de invasión, de agresión y regresividad de los sistemas judiciales, que la esperanza emerge, según explica. Las comunidades quieren litigar hasta lograr la nulidad de las concesiones que se han dado sin consulta previa. “Vemos que están los niños y los jóvenes comprometidos con esa lucha por defender el agua y que no solo es una lucha para los pueblos indígenas, sino para toda la humanidad”, finaliza.
