Fundada en 1986, la Coordinadora de ONGD de España ha jugado un rol clave en trazar la ruta y los debates profundos sobre la contribución de las organizaciones y plataformas sociales españolas a la cooperación internacional. Actualmente la conforman 75 ONG y 17 coordinadoras autonómicas.
Esta legitimidad ganada les ha permitido ser influyentes en una ley de cooperación de la que valoran su potencial, pero también acotan sus expectativas. Es un paso importante, pero falta recorrido para la reforma del sistema de cooperación. Tienen muy claro la necesidad de una mayor participación de las organizaciones en el Sur global, la trámites administrativos sin mermar la rendición de cuentas y el apoyo de un trabajo más estratégico y a medio plazo.
Conversamos con Irene Bello Quintana, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, para profundizar sobre las oportunidades y los retos de esta nueva Ley de Cooperación.
The Sherwood Way (TSW): Hemos visto que la aprobación de la nueva Ley de Cooperación en España ha generado una gran ilusión y muchísimo consenso. ¿Qué cambios consideras podrán percibir las organizaciones de la sociedad civil de los países a las cuales esta vaya destinada?
Irene Bello (I.B.): Esta ley es el primer paso del proceso de reforma del sistema de cooperación. Una ley que veníamos demandando desde hace años y por la que debemos felicitarnos todas, tanto por la potencialidad de su contenido, como por el proceso de diálogo y el amplio consenso con el que ha sido aprobada. Con su aprobación, se sientan las bases para una cooperación del siglo XXI que integra una mirada sistémica sobre los problemas del desarrollo y actualiza los principales compromisos internacionales establecidos en la Agenda 2030, la Agenda de Acción Addis Abeba, para la financiación del desarrollo, y los acuerdos de París sobre cambio climático. Ahora es muy importante que esa nueva visión que impulsa la Ley se concrete en varios reglamentos que deben desarrollarse en los próximos meses.
Por otra parte, no podemos olvidar que esta ley tendrá consecuencias sobre las organizaciones del Sur global con las que trabajamos mano a mano. Las reformas que se realicen este año serán determinantes en este sentido. Confiamos en que se traduzcan en el incremento de los fondos recibidos, en la reducción de la burocracia y los trámites administrativos, en la posibilidad de una mayor participación en los marcos de planificación estratégica con los países en los que trabaja la Cooperación Española (los llamados MAPS) y en la consolidación de enfoques transformadores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de enfoques transformadores? Son propuestas que generan cambios para garantizar los derechos humanos y la justicia global. En este sentido, es crucial apoyar, entre otras cuestiones, iniciativas en la defensa del espacio cívico como son el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas que defienden los derechos de las mujeres y que protegen a defensoras de derechos humanos y del medioambiente.
TSW: Mientras otros países como Reino Unido o Suecia están cada vez más tratando de vincular la cooperación hacia sus intereses comerciales, ¿Qué mensaje puede dar la ley actual a la comunidad internacional? ¿Cómo se quiere situar?
I.B.: El contexto de la guerra en Ucrania y el supuesto despertar geoestratégico de la UE marcan una realidad compleja, y muy preocupante, en la que desvincular la ayuda de los intereses comerciales y políticos resulta muy complejo. La Ley busca un espacio de solidaridad global poniendo el foco en los objetivos de desarrollo sostenible y en los intereses de los sujetos de la cooperación. Uno de los pasos importantes que se han dado en esta dirección es que el Fondo Español para el Desarrollo Sostenible, el llamado FEDES que sustituye al antiguo FONPRODE, comparte los objetivos generales de la cooperación y, además, evita de manera explícita ligar la ayuda a los intereses de las empresas españolas.
Por nuestra parte, seguiremos trabajando para que los desarrollos reglamentarios, especialmente el relativo a la cooperación financiera, pero también el plan director y los presupuestos, sean coherentes con estas prioridades. Seguiremos trabajando para que estos postulados empapen la agenda internacional en coherencia con los compromisos asumidos en la Agenda 2030.
TSW: La relevancia y el impacto de la cooperación son considerados como dos de sus principales desafíos, ¿cómo la ley actual puede ayudar a que las ONG españolas den pasos en esta dirección?
I.B.: Sin duda, la aprobación de la Ley por amplio consenso ha supuesto un incremento de la relevancia de la cooperación. Venimos de unos años en los que se estaba percibiendo una tímida reactivación de la cooperación descentralizada y un refuerzo de la AECID; pero la aprobación de la Ley y sus compromisos nos obligan a ir más allá para sentir que las organizaciones somos más valoradas y más protagonistas del futuro que debemos construir. El Marco de Relación entre las organizaciones de desarrollo y la Administración general del Estado es un paso más en esa dirección. A pesar de todo ello, aún estamos muy lejos y tenemos mucho trabajo por delante para que la cooperación y las organizaciones de la sociedad civil ocupen el espacio que les corresponde.
En cuanto a cómo puede mejorar el impacto de las intervenciones de las organizaciones de desarrollo españolas con la Ley… la reforma del Real Decreto de Subvenciones será determinante. Este Decreto debe reducir una burocracia que actualmente no solo es paralizante, sino que además no se adapta a las necesidades de la cooperación y los contextos en los que trabaja.
Por otra parte, el incremento de los fondos y el diseño de nuevos instrumentos de financiación adecuados a los diversos roles de las ONGD mejorarán el impacto de nuestras intervenciones en múltiples áreas: en la provisión de servicios para garantizar derechos básicos; en las respuestas a las crisis humanitarias; en la participación en las políticas públicas de cooperación y desarrollo sostenible; en nuestra contribución al fortalecimiento institucional y democrático, tanto en los países socios como en España; o en el fomento de la ciudadanía global activa en defensa de la justicia global.
TSW: España es uno de los países del mundo que mayor ilusión feminista genera, ¿cómo esta ley y las ONGD españolas contribuirán a avanzar en esta dirección más allá de sus fronteras?
I.B.: El feminismo en España, como en todo el mundo, está en las calles y es el mejor ejemplo de cómo la ciudadanía organizada, en este caso las mujeres, es clave en la conquista de derechos y la promoción de cambios que afectan a todas las esferas, incluyendo la acción exterior.
La Ley ofrece un marco para que la Cooperación Española sea cada vez más feminista. Ahora bien, que la Ley lo diga no significa que lo sea. Nosotras lo vemos más como una palanca para avanzar en este ámbito en el que queda todavía mucho por hacer.
Es cierto que la Cooperación Española ha tenido siempre una marcada intervención en acciones de igualdad de género en comparación con cooperaciones de otros países. Y esto es debido, en parte, por el interés de sociedad civil que entiende el enfoque feminista es fundamental para alcanzar una verdadera justicia social. Eso es cierto, pero también hay que entender que cooperación feminista es mucho más que contemplar su nombre en una Ley, supone dar un importante salto cualitativo.
Lograr una política de cooperación feminista requiere transformar la forma de implementar las estrategias; exige incorporar la mirada interseccional en la que se contempla el cruce de las diversas discriminaciones. Y en todo ello no podemos olvidar una pieza fundamental: este proceso de cambio y de aprendizaje tiene que reflejarse en la estructura de la cooperación, en los presupuestos, en las instituciones y también en nuestras propias organizaciones.
TSW: La distribución del poder es uno de los grandes temas actuales en la cooperación. Una tensión entre el Sur global y los donantes del Norte global como España ¿cómo podemos hacer para encontrar el mejor equilibrio?
I.B.: Es indudable que la cooperación, como la mayoría de las dinámicas internacionales, se construyó sobre el legado colonial y todavía queda un largo camino que recorrer para liberarse de ello. Tanto la administración pública como las organizaciones debemos seguir avanzando con espíritu crítico en la descolonización de nuestra mirada y nuestras intervenciones.
Es fundamental escuchar a nuestras socias en los más de 100 países en los que trabajamos. Son ellas y las compañeras y compañeros racializados quienes nos están mostrando el camino en esa necesaria descolonización de nuestras formas de hacer y trabajar. Ese proceso de descolonización debe afectar el trabajo de las ONG y también el de la Administración.
El refuerzo del trabajo colectivo en red con organizaciones sociales de todo el mundo es fundamental para garantizar que las propuestas responden a las necesidades reales de las personas y a la garantía de sus derechos. En contextos complejos en los que existen múltiples violencias, ese trabajar de la mano es fundamental para proteger a las personas, garantizar derechos y preservar los territorios.
En cuanto a la burocracia… La imposición de una excesiva y enrevesada burocracia no deja de ser una forma de control que dificulta el trabajo de organizaciones que, en muchos casos, no cuentan con recursos suficientes para dar respuesta a tal nivel de requisitos. Es necesario que esa carga burocrática se reduzca con el fin de facilitar los procesos y hacerlo sin que por ello se pierda la necesaria rendición de cuentas y la transparencia.
TSW: Antes solía decirse en América Latina que la Cooperación Española contribuyó a convertir en ocasiones buenas organizaciones sociales en malas ONG nacionales. Si fuera cierto ¿Cómo podríamos evitar este tipo de fenómenos?
I.B.: Aunque se trata de una crítica que no puede generalizarse, es una realidad que tampoco podemos negar. La rigidez de las convocatorias y la poca flexibilidad, (temporal, por ejemplo), deriva en algo que no tiene mucho sentido: las organizaciones acaban trabajando más para formular y justificar, que para ejecutar. De ahí nuestra insistencia en la urgente necesidad de simplificar la gestión administrativa, la burocracia. De ahí también nuestra demanda de nuevos instrumentos de financiación que apoyen un trabajo más estratégico y a medio plazo.
Hay que encontrar un equilibrio entre la necesaria rendición de cuentas y la transparencia. Una auténtica rendición de cuentas debería centrarse en si se ha logrado o no el impacto de las intervenciones y no tanto si se han ejecutado estas o aquellas actividades.
Por otro lado, como es lógico, a las organizaciones, se nos pide –y también nosotras mismas nos exigimos– una gestión impecable de nuestros fondos, tanto públicos como los privados provenientes de nuestra base social. En nuestro caso, por ejemplo, contamos con la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno, un compromiso de todas nuestras organizaciones con la mejora constante y que este año celebra su décimo aniversario.
Por tanto, es necesario dotarnos de mecanismos administrativos de seguimiento y transparencia; no hay ninguna duda al respecto, todo lo contrario. El problema es que este tipo de mecanismos no son tan fáciles de encontrar en movimientos sociales o pequeñas organizaciones locales con las que trabajamos. Nuestro compromiso, en este sentido, es acompañarlas en los procesos de formación necesarios para responder a estos requisitos y, al mismo tiempo, incidir para que se garanticen alternativas más sencillas e igualmente efectivas.
TSW: La cooperación española es conocida internacionalmente por la descentralización de la ayuda y el arraigo social que esta genera. Sin embargo, desde el Sur global se puede percibir como una fragmentación de los recursos que reciben, que supone trabajar con diferentes procedimientos… ¿Cuál es su opinión al respecto?
I.B.: La cooperación descentralizada es uno de los grandes valores de nuestro sistema; fruto de la solidaridad ciudadana de nuestros pueblos y ciudades; algo de lo que sentir orgullo. Es extremadamente valiosa por muchos motivos: permite una respuesta solidaria multinivel que facilita el compromiso tanto institucional como de la sociedad en su conjunto.
Probablemente su existencia explica que España sea el país europeo con un mayor respaldo social a la cooperación. La cooperación descentralizada permite que las personas la sientan más cercana, permite que sean protagonistas, en mayor o menor medida; además, cuenta con el apoyo de espectro político amplio. Es una política que permite la construcción de modelos alternativos de cooperación tan necesarios para enfrentar los desafíos actuales.
¿Pueden reducirse algunos de los problemas que la fragmentación de financiadores y actores genera? Sí, evidentemente, pero con cuidado y sin perder la pluralidad y su capacidad de desarrollo. Pueden darse pasos hacia una mayor articulación entre las organizaciones. Por ejemplo, la potenciación de las Coordinadoras Autonómicas de ONGD como herramienta de coordinación, de los Fondos Municipales de Cooperación, de la Conferencia Sectorial de Cooperación (espacio que propone la nueva Ley para la articulación entre el ámbito estatal, el autonómico y el municipal en el ámbito de la administración pública). También puede avanzarse en la homogeneización y simplificación de algunos criterios en las convocatorias de subvenciones y en otorgar mayor autonomía a las organizaciones de desarrollo para la ejecución y justificación de las intervenciones.
TSW:Vinculado con lo anterior, desde la sociedad civil del Sur global demandas una cooperación con apuestas más programáticas que por proyectos y apoyo para gastos institucionales como personal. ¿Van a insistir las ONG en dar pasos en esta dirección a través de la nueva ley?
I.B.: Sí, evidentemente. En España, la financiación que reciben las organizaciones de desarrollo para acciones de cooperación desde las administraciones públicas se vincula siempre a convocatorias definidas por el financiador para la ejecución de proyectos o intervenciones concretas. A diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, apenas existe el apoyo a las instituciones para su fortalecimiento o desarrollo estratégico de medio-largo plazo. Los instrumentos y el modelo de financiación deben repensarse.
Confiamos que la reforma de la AECID, el Real Decreto de Subvenciones, el estatuto de las personas cooperantes o el nuevo plan director pongan las bases para que el apoyo al fortalecimiento institucional deje de ser una excepción y se contemple como parte natural de los procesos de desarrollo.
También es fundamental asegurar la participación de las organizaciones de desarrollo en los órganos rectores y consultivos del sistema de Cooperación, desde el Consejo Superior de Cooperación, a los Consejos Rectores y Asesores de la AECID o el FEDES. Tenemos muchos retos por delante, pero también mucha esperanza en que el camino nos lleve a buen puerto.
TSW: Creemos que las ONG pequeñas, medianas y grandes juegan valores agregados diferenciados y ambos necesarios, pero hay una reflexión abierta sobre ello donde algunos piden a donantes que les transfieran los recursos directamente. ¿Cómo lo ven y qué se podría hacer para evitar una competencia de recursos y mayor complementariedad entre actores?
I.B.: El fortalecimiento de la sociedad civil es un requisito fundamental para la promoción de los derechos, la democracia y el desarrollo sostenible en todos los contextos. Las ONG que formamos parte de la Coordinadora apostamos por el protagonismo de las organizaciones sociales del Sur global en todos los procesos de desarrollo.
Creemos que los recursos deben aumentarse en general, como la propia Ley indica, y parte de este incremento puede canalizarse en instrumentos de financiación que contribuyan directamente al refuerzo de estos movimientos. Probablemente para facilitar la gestión administrativa, el seguimiento y la alianza en las intervenciones, la participación o articulación con ONGD españolas será deseable, de hecho, ya se produce de forma natural en muchos casos.
TSW: De aquí a 10 años, ¿Cuál cree que será la principal contribución de las ONGD españolas con el vehículo que supone la actual ley?
I.B.: Tenemos la responsabilidad de contribuir al desarrollo de la Ley, velando por la máxima ambición en su implementación, poniendo en el centro la coherencia de políticas y el enfoque feminista y de derechos humanos. Tenemos que seguir luchando para que la cooperación alcance la dimensión necesaria para enfrentar los problemas globales, para que la AOD genuina se acerque al 1% de la RNB.
También tenemos un papel clave en la articulación con una ciudadanía consciente de los retos comunes de la humanidad. Debemos continuar generando confianza y ambición por cooperar, facilitando procesos que permeen en una cooperación bidireccional, alimentando al sistema de cooperación con personas formadas y comprometidas, y desarrollando, tanto en el plano doméstico como internacional, intervenciones que contribuyan a las transformaciones necesarias para alcanzar la justicia global. Todo ello sin olvidar que vamos de la mano de cientos de organizaciones en todo el mundo y que trabajamos con más de 48 millones de personas. Son ellas y la construcción común de un mundo en el que prime la justicia social las que dan sentido a nuestro trabajo.
