Nadie esperaba en Nicaragua que el estallido social del 2018 pudiera terminar con al menos 212 muertos y un ciclo interminable de represión, tortura en las cárceles y exilio que todavía perdura. La brutalidad policial, la criminalización hacia los protestantes y el abordaje del conflicto como un asunto únicamente de orden público por parte del gobierno nicaragüense, tiene similitudes con lo que ahora el Perú padece.
Mandy Esperanza (nombre ficticio)[1], nicaragüense en el exilio, ha trabajado por la justicia social en diferentes ONG. A través de sus reflexiones, nos cuenta del progresivo deterioro democrático y cómo se llega a un clima asfixiante de terror, con cada vez mayor hostilidad según se veía amenazado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es el suyo un llamado a tender puentes para la resolución de los conflictos como el de Perú, pues la deriva de la fuerza para imponer el orden por parte de los gobiernos puede irse de las manos.
La dolorosa foto de la represión
Quiero empezar contextualizando brevemente lo que ha vivido la población nicaragüense con una dictadura de las más crueles que se haya visto hasta ahora: el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes llevan 15 años consecutivos en el poder.
Su primer periodo fue de 1979 a 1990 y su segundo periodo inició en el 2007, como resultado de pactos con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quien había gobernado los dos periodos previos con altos niveles de corrupción. Entre otros elementos facilitadores de la consolidación del control total y del abuso de poder, están la alianza con las cúpulas de la gran empresa privada, la ceguera de instancias internacionales y el populismo junto a altísimos niveles de corrupción en la gestión pública.
El inicio del segundo periodo de gobierno tenían evidencias que pronosticaban un escenario complicado, pero probablemente en aquel momento nunca llegamos a dimensionar lo que pasó. El movimiento feminista acompañó a Zoila América Narváez en la denuncia de violación que realizó en 1998 contra su padrastro Ortega. Esto implicó una ruptura total con las agendas de defensa de derechos de las mujeres, un hostigamiento permanente contra las feministas y sus organizaciones, llegando incluso a obstaculizar las marchas del 8 de marzo y las del 25 de noviembre.
Ya en su reelección, desde 2013 y tras la aprobación de la Ley 840, del proyecto canalero entre Daniel Ortega y Wang Jing, que amenaza con la expropiación de las tierras de miles de familias campesinas, el movimiento campesino inició una serie de marchas que vinieron tomando fuerza con el apoyo de otros movimientos sociales.
En abril de 2018, se anuncian reformas a la seguridad social, como la obligatoriedad de cotizar a las personas jubiladas. Esto provoca unas acciones protagonizadas por personas mayores y que van sumando a estudiantes y otros sectores. La indignación social aumenta cuando, ese mismo mes, se inicia un incendio en la reserva forestal Indio Maíz que no recibe la atención necesaria del gobierno.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la acción represiva del gobierno implicó al menos 212 personas asesinadas hasta el 19 de junio de 2018, 1.337 personas heridas y 507 personas privadas de la libertad. Un informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en enero 2023, señala que, hasta noviembre de 2022, de las personas privadas de libertad y perseguidas penalmente en el contexto de la crisis, 178 habían sido condenadas y 47 estaban siendo procesadas.
El cierre de ONG nacionales y la cancelación de permisos para las ONG internacionales
He trabajado por muchos años en ONG nacionales e internacionales y puedo asegurar que es absolutamente necesario el rol que desempeñan estas organizaciones para fortalecer y aportar a una sociedad civil organizada con voz, con capacidad de movilización. Esto ha conllevado a que gobiernos autoritarios se empeñen en criminalizar su labor y prohibir su trabajo, tal y como ha ocurrido en Nicaragua y que está sucediendo en otros países como El Salvador y Guatemala.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Fundación del Río y la Fundación Popol Nah afirman que a diciembre 2022 se habían cancelado más de 3.000 ONG (43%) del total registradas, lo cual también ha sido registrado en el informe de enero 2022 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Según el medio digital Confidencial entre noviembre 2018 y mediados de 2022 el gobierno había cancelado la personería jurídica y el permiso para operar de casi 700 ONG nacionales e internacionales, argumentado que no se habían inscrito de acuerdo a lo establecido por la Ley de Agentes de Extranjeros, una ley que viola y criminaliza la libertad de asociación. El 2022 fue el año más crítico con la cancelación de personerías jurídicas de casi 600 oenegés.
Cárcel, exilio o clandestinidad
Para que la sociedad civil pueda actuar y jugar el rol que les corresponde se requiere de unas condiciones mínimas. En Nicaragua no existen, han sido totalmente anuladas. Son muy pocas las ONG internacionales que aún siguen trabajando desde Nicaragua y los controles a los que son sometidas poco a poco las están ahogando.
Una característica clara de un régimen autoritario como el de Nicaragua es asegurarse que no existan voces disidentes, ni espacios para la denuncia pública. A las ONG les han confiscado sus bienes y les han prohibido realizar cualquier tipo de trabajo. No importa si su rol era administrar un asilo de personas mayores, apoyar el periodismo autónomo o aportar a las agendas de los movimientos sociales.
Actualmente, personas que trabajan en ONG nacionales o que eran activistas de organizaciones sociales se encuentran en cárceles de máxima seguridad. La mayoría de ellas ocupaban puestos de dirección ejecutiva o en el área administrativa, pero hasta una persona que ejercía como conductor o piloto, han sido encarceladas y está cumpliendo una condena de 7 años. Otros liderazgos han sido obligados al exilio y otros al anonimato o clandestinidad.
Entre el deber, las capacidades y la flexibilidad de la cooperación internacional
Las ONG internacionales no han podido seguir ejerciendo su papel desde Nicaragua. Hasta ahora pareciera que no logran encontrar las mejores maneras para aportar con las agendas a la sociedad civil y movimientos sociales que siguen arriesgando sus vidas y libertad en la búsqueda de la restauración de la democracia.
Es evidente que no hay preparación para actuar en contextos de cierre de total de espacios. Muchas ONG internacionales manejan fondos de instancias como la Unión Europea o de la cooperación internacional de gobiernos, pero estos obligan al cumplimiento de unos requisitos administrativos que no permiten apostar a países bajo dictadura o que se estén encaminando hacia esta misma dirección.
Entre el trabajo de desarrollo y el trabajo humanitario
Un país donde la violencia y la criminalización pasan a ser la forma de hacer gobierno, donde la policía y el ejército se vuelven aparatos de represión, las ONG necesitan encontrar rápidamente respuestas para adaptar un trabajo que responda al nexo entre desarrollo-humanitario. Lo que está pasando en Perú me recuerda permanente lo vivido durante el 2018 en Nicaragua. En este momento la prioridad es proteger la vida de quienes deciden salir a las calles para defender la democracia, pero sin dejar de apoyar política y económicamente otros aspectos que demandan los movimientos o colectivos.
La tolerancia al riesgo
El mayor riesgo siempre estará en quienes ponen el cuerpo, quienes ponen la voz. Lo que corresponde a las ONG internacionales es asumir algo de esos riesgos para ser consecuentes con los fines para los que existen. Nunca podrá ser justificable dejar de apoyar a la sociedad civil de un país por los riesgos administrativos que pueda implicar seguir acompañándola. Es un asunto de coherencia política encontrar el cómo hacerlo y adaptarse a lo que esto implique. Un gran reconocimiento a las ONG internacionales que están en esta línea, aunque hay que decir que son muy pocas, en el caso de Nicaragua.
Algunos caminos alternativos
Es muy atrevido dar recomendaciones porque cada contexto y cada momento es muy particular, pero retomando algunos aprendizajes de Nicaragua, podría aproximarme a algunas ideas:
- Reconocer las primeras señales de autoritarismo, mantener una escucha activa y un diálogo permanente y horizontal con los actores nacionales. Tomar decisiones oportunas y hacer los cambios, asumiendo escenarios que podrían ir a peor. Por ejemplo, en Nicaragua, poco a poco se fue instalando un discurso de odio, de fragmentación de la sociedad, de deslegitimar el trabajo del sector de las ONG. Así como en Perú, en Nicaragua se organizaban grupos de choques liderados por el régimen y que tenían luz verde para ejercer toda la violencia que quisieran durante las manifestaciones sociales.
- Aprender de lo que ha pasado en otros países. Es claro que toda la región centroamericana avanza de manera de acelerada hacia regímenes autoritarios con altos niveles de violencia. También lo podemos ver en Perú de manera desproporcionada, pero pareciera que el sector de las ONG internacionales no logra estar a la altura, ni coordinarse entre sí, ni dar pasos en cuanto a decisiones vinculadas a prioridades y formas de trabajo adaptadas a las realidades de cada país.
- Lo administrativo es la punta de lanza en estos casos. Sin flexibilidad difícilmente se podrá jugar un rol estratégico. Esto no significa eliminar lo más importante para asegurar el uso transparente de los fondos, pero hay otros requerimientos que resultan inútiles en estos contextos.
- Ninguna agenda de apoyo se puede realizar sin la participación activa de las mujeres, los pueblos indígenas, las y los campesinos, la diversidad sexual y otros sectores empobrecidos. Los cuerpos asesinados, violados, encarcelados y exiliados suelen estar sobre representados en estas poblaciones.
- Aprender cómo moverse en el nexo desarrollo-humanitario es central, saber cuándo uno estará por encima de la otra, o cuándo ambas deben estar al mismo nivel de prioridad.
- Aunque lo más importante tiene lugar en el país, apoyar la denuncia internacional y el periodismo autónomo es fundamental. La producción de evidencia y la solidaridad de la comunidad internacional deben estar presentes en estos contextos.
Autora: Mandy Esperanza
[1] Por las graves implicaciones que tiene levantar la voz en el régimen Ortega Murillo, inclusive si se hace desde el exilio, la autora ha decidido hacer uso de un nombre ficticio. Prueba de ello, son las condenas contra familiares de opositores exiliados recientemente.
