Los recientes acontecimientos en el Perú dan muestra de una grave crisis política y social, que ha derivado en una crisis de derechos humanos. Tras el intento de disolución del Congreso del expresidente Castillo en diciembre de 2022, la vacancia presidencial y la actual gestión de Dina Boluarte, ya son más de 50 muertos durante los actos de protesta y cientos de heridos en diferentes regiones. Este contexto se ha convertido en un verdadero reto para las ONG y organizaciones sociales, las cuales conviven con la estigmatización y el amedrentamiento por parte de grupos extremistas.
Ante este escenario, la sección peruana de Amnistía Internacional lleva trabajando diferentes puntos y jugando roles indispensables con el fin de brindar apoyo no solo a otras organizaciones, sino también a la población afectada. ¿Cómo pueden las ONG internacionales y la comunidad internacional ayudar en situaciones de conflicto como la que se vive en el Perú? Conversamos con Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional en el Perú, quien nos cuenta cómo se coordina el trabajo desde esta ONG.
La protesta, un derecho global
La crisis en Perú ha puesto en evidencia una vez más la necesidad de proteger el derecho de los ciudadanos a la libre expresión y la libertad de reunión pacífica. En ese sentido, y a nivel global, Amnistía Internacional tiene una campaña llamada “Protejamos la protesta”, creada debido a que en distintas partes del mundo se está poniendo en juego la capacidad de las personas para poder protestar. “En la actualidad, hay mucha represión, criminalización, y existe un mayor número de gobiernos autoritarios, incluso antiderechos. En estos contextos, la única que pueden ponerles un alto y seguir trabajando por los derechos de las personas es la propia ciudadanía”, enfatiza Navarro.
Sobre ello, Amnistía destaca la existencia en el país andino de la Ley de Protección Policial, aprobada en marzo del 2020, que deroga el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, algo que no está acorde a los estándares internacionales de derechos Humanos. “Hemos hecho mucho seguimiento a las protestas del 2020, sobre todo en la parte de justicia y reparación, acompañando a los familiares. También trabajamos por luchar contra la impunidad, por eso, hacemos un llamado a su derogación y a que la ley no sea aplicada.”
Discursos de discriminación y el uso excesivo de la fuerza desde el Estado
Uno de los puntos clave de la crisis peruana es el tema de la discriminación. Marina Navarro destaca que este es un factor que no puede ser omitido, ya que hay muchas personas que sufren una gran discriminación y estigmatización por parte de las autoridades. “Lo que en Perú se llama el “terruqueo”[1], es un discurso que no es nuevo y que ha sido uno de los detonantes de las protestas, pues exacerba la violencia porque vuelve otra vez a estigmatizar a los manifestantes. Todos estos discursos como «son terroristas”, “son ignorantes”, “los manifestantes están siendo manipulados”, son discursos que viven todas o muchas de las personas que están participando en las protestas. Además, esta discriminación se vive en los accesos que se tiene a derechos más básicos y económicos como la educación, la salud, etc.”
Por otra parte, Navarro destaca que el uso excesivo de la de la fuerza por parte del Ejército y la Policía Nacional también ha sido acentuado por esos discursos. “Por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte comenzó agradeciendo a la policía por “su impecable labor”, cuando hay más de 40 personas fallecidas por armas de fuego. Tiene que haber una rendición de cuentas que no está habiendo por parte del gobierno, además de las investigaciones que se tienen que hacer por parte de la fiscalía. (…) Esa discriminación y estigmatización acompañados por el uso excesivo de la fuerza está provocando que las personas se sientan cada vez más indignadas,” asegura.
“En la actualidad, hay mucha represión, criminalización, y existe un mayor número de gobiernos autoritarios, incluso antiderechos. En estos contextos, la única que pueden ponerles un alto y seguir trabajando por los derechos de las personas es la propia ciudadanía.”
Marina Navarro, Amnistía Internacional Perú
Los diferentes roles de las ONG en contexto de conflicto
La prensa es sinónimo de libertad de expresión, pero ¿qué sucede cuando esta sirve a intereses de un solo grupo? En el Perú existe una gran desconfianza hacia los medios tradicionales, algo que se ha agravado con la desinformación propagada en redes sociales. Ante ello, María Navarro hace énfasis en el importante papel que tienen las ONG para visibilizar los hechos en otros países. “Vemos que la información de los medios nacionales no muestra todo lo que está ocurriendo. Por ello, tenemos el rol de dar a conocer fuera lo que aquí está pasando, activar toda la solidaridad de nuestro movimiento a nivel global.” En ese sentido, Amnistía ha llevado a cabo una solicitud, desde sus secciones en Brasil y España, para suspender la exportación de armas desde estos países hacia el Perú, al menos hasta que se garantice “el respeto de los derechos humanos”.
Además de ello, las ONG como Amnistía cumplen un rol de vigilancia y seguimiento. “Es un rol que nos piden las mismas organizaciones de DDHH en el país, para que se conozca fuera del Perú y se sepa más allá de lo que el gobierno está diciendo sobre lo que aquí está pasando. Asimismo, la comunidad internacional puede promover acciones de solidaridad a fin ver desde los diferentes países cómo se puede colaborar, tal como se hace en el caso de la suspensión de exportación de armamento.”
Otro papel que destaca es el apoyo a otras organizaciones locales y a la ciudadanía en cuanto al aspecto psicosocial y legal. “En la crisis peruana, las muertes han dejado a muchas familias sin ingresos o sin poder trabajar debido a las heridas. El Estado no les está brindando apoyo, pero hay que exigir que se dé. También, se está haciendo un primer apoyo a las víctimas y a sus familiares en lo legal. Hay más de 300 personas detenidas, por lo que dar apoyo legal es clave en un contexto en el que la defensa pública es limitada y tiene pocos recursos.”
Para Navarro, el rol de las ONG internacionales es diferente en cuanto a la participación en las marchas políticas o sociales. “Hemos participado en marchas, por ejemplo, contra la violencia de género, sobre el rol que tiene que tener el estado en temas de protección a las víctimas. Pero la actual es una marcha que la llevan directamente las organizaciones y la ciudadanía en el Perú, y es importante que sea así. Es importante que la sociedad civil de apoyo a las víctimas, que es legítimo, aunque lo debería dar el Estado, pero en la mayoría de casos no lo da sobre todo en la parte psicosocial y legal. Este rol es diferente. La Cruz Roja también juega un papel clave es este aspecto, en el cómo se puede apoyar a las víctimas.”
Las dificultades de las ONG internacionales en la crisis peruana
Aunque la estigmatización y el “terruqueo” son algunos de los obstáculos, Navarro señaló que se vive un amedrentamiento de la parte de grupos extremistas. Un ejemplo de ello es el colectivo La Resistencia[2], el cual generó disturbios frente al local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Aprodeh e IDL. “Creo que es muy grave que las organizaciones de DDHH sean terruqueadas, aunque es una situación que lamentablemente se ha vivido desde hace mucho tiempo.”
Asimismo, Navarro comenta que en un informe sobre la criminalización de la protesta realizado por Amnistía, se detalla cómo se criminaliza la protesta al abrirse procesos penales a los defensores de DDHH. “En protestas anteriores hay defensores de DDHH con hasta 60 casos abiertos por participar en protestas sociales. Esto es un amedrentamiento. En la mayoría de los casos son absolutorias pues no hay indicios de delito, pero es una manera de amedrentar para que líderes sociales se tengan que dedicar más a su defensa que a su labor de defensores. Eso lo hemos visto desde hace muchos años y es muy probable que se incremente en estas protestas.”
Una ciudadanía más sensibilizada vs un menor compromiso político
Con sus 3000 socios peruanos o residentes en Perú, la sección peruana de Amnistía trabaja mucho el tema de campañas e incidencia política. “Realizamos campañas para que la gente conozca los derechos humanos y puedan ejercerlos a través del activismo. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 320.000 personas que acompañaron nuestras campañas, algo que refleja que cada vez hay más sensibilidad y que la ciudadanía quiere conocer sus derechos y exigirlos”, explica.
En los últimos siete años el Perú ha tenido seis presidentes diferentes, lo que da cuenta de una grave inestabilidad política. Estos constantes cambios han hecho que las promesas políticas sean duras de mantener: “También hacemos incidencia política, pero es algo que ha sido muy difícil los últimos años con el cambio de las autoridades. Lamentablemente, muchos de los avances o compromisos no han seguido adelante, incluso, hemos visto un retroceso en cuanto a DDHH.”
[1] Se le llama terruqueo al calificar a una persona como terrorista, por ejemplo, por denunciar violaciones de DDHH o por pertenecer a un grupo de izquierda. Es un discurso usado por la derecha y extrema derecha peruana para desacreditar luchas legítimas o posiciones contra las élites.
[2] Colectivo de extrema derecha vinculado a agrupaciones políticas como Fuera Popular (Keiko Fujimori) y Renovación Popular (Rafael Lopez Aliaga, actual alcalde de Lima) que realiza actos violentos y hostigamientos a distintas ONG y también a personajes políticos.
