La COEECI ha expresado una profunda preocupación sobre las situaciones de graves vulneraciones de los derechos humanos en el contexto de la crisis peruana. En ese sentido, han emitido tres pronunciamientos[1][2][3] y han invocado la participación del Estado peruano y de la comunidad internacional, especialmente de la Unión Europea, para bajar los niveles de violencia con la cual se responde a las protestas. Javier Alarcón, miembro de la COEECI, nos explica más sobre los desafíos y las dimensiones de acción asumidas por las ONG internacionales.
Pregunta (P.) ¿Qué desafíos encuentras las ONG Internacionales para llevar a cabo su trabajo?
Javier Alarcón (J.A.). Diferenciaría dos dimensiones: Por un lado, están las ONG internacionales, como nosotros, que tenemos un mandato muy específico; por otro lado, están las nacionales suelen ser nuestros socios en las acciones. Estas últimas ven restringida su libertad de acción y son criminalizadas con el “terruqueo”, es decir, se les acusa de estar vinculadas con organizaciones terroristas siendo esta una falacia construida desde algunos sectores. El terruqueo sirve para deslegitimar, judicializar y reprimir a sectores de la sociedad civil y organismos protectores de DDHH. Ahí hay un paquete de retos. Ya sean ONG u otras formas de organizaciones sociales, ellas son víctimas de una campaña sistemática donde hay amenazas abiertas de judicialización de parte del Estado.
Las ONG internacionales tienen un riesgo similar, pues se les está vinculando a las protestas. Creemos que el Estado tiene que asegurar un marco habilitante para que las organizaciones de la sociedad civil puedan actuar y buscamos que se sean protegidas. Hasta el momento no hemos tenido acciones específicas por parte del Estado hacia nuestras asociadas, pero sí en otros contextos se ha buscado deslegitimarlas y estigmatizarlas, un riesgo siempre presente en contextos de tintes autoritarios como la acción actual del Estado.
P. ¿Cómo las ONG internacionales pueden contribuir con otras organizaciones sociales?
J.A. En COEECI tenemos diferentes grupos de trabajo, uno de ellos es el de sociedad civil. Ahí participamos muchas ONG con un mandato más claro de protección de DDHH y otras vinculadas a sectores distintos como el desarrollo, pero que protegen derechos económicos, sociales y culturales. En este grupo, reflexionamos para apoyar a las ONG especializadas en derechos humanos a tener una lectura más informada. Es muy difícil que entidades con mandatos más vinculados con el desarrollo podamos reorientar nuestros fondos y acciones de cara a necesidades específicas como, el acompañamiento legal a víctimas, pero sí podemos contribuir en la reflexión e informar lo que pasa en el extranjero. Asimismo, intentamos generar una corriente de opinión pública que ayude a encontrar una salida dialogada a la crisis que hay en el país. Ese es principalmente nuestro rol.
Por otro lado, las entidades con un mandato más orientado hacia la protección de defensores tienen más capacidad para orientar fondos. Lo que ocurre es que trabajamos proyectos con objetivos y resultados muy definidos, los cuales en estas coyunturas rebasan totalmente nuestro marco de acción. Ya dependerá si, junto a las entidades con las que colaboramos, se pueda plantear situaciones de emergencia y encontrar un nivel de flexibilidad ante estos contextos. Las organizaciones nacionales de derechos humanos están totalmente rebasadas en este momento en su capacidad de acción para proteger a los defensores de la gente movilizada.
Es muy difícil que entidades con mandatos más vinculados con el desarrollo podamos reorientar nuestros fondos y acciones de cara a necesidades específicas, pero sí podemos contribuir en la reflexión e informar lo que pasa en el extranjero.
Javier Alarcón, miembro de COEECI
P. De cara a la relación con los donantes, ¿qué les pedirían para poder facilitar vuestro trabajo?
J.A. Hay varias dimensiones de acción. Primero, algo que los donantes podrían hacer es contribuir con visibilizar esta grave situación ante la comunidad internacional. La impresión que se tiene es que no se está difundiendo lo suficiente. No se está señalando con suficiente firmeza las responsabilidades que tiene el Estado, las fuerzas del orden, el Poder Ejecutivo y el Congreso, sobre las decisiones que han llevado a la vulneración de DDHH. La presión efectiva internacional no está siendo suficiente para revertir esta situación y es ahí donde los donantes pueden jugar un papel relevante.
Un segundo rubro de acción, que es posible realizar y por el momento no se ha hecho, es la activación misiones humanitarias en el país. Las misiones internacionales con personas con alta visibilidad en las zonas de conflicto, no solo a Lima, y que permanezcan más tiempo, pueden ayudar a restituir condiciones de diálogo.
En cuanto a los donantes que tienen vínculos directos con instituciones de protección de DDHH y sus defensores, la tercera dimensión sería encontrar mecanismos para la flexibilidad fondos o encontrar fondos de emergencia. En la medida que se ha profesionalizado la cooperación en las últimas décadas, se tienen estructuras establecidas de cómo se distribuyen los gastos, lo que hace más difícil la flexibilidad. Hay que hacer una invocación para que en las entidades donantes tengan la disposición para enfrentar esta emergencia con mayor flexibilidad.
También, es necesario contar con más fondos. Hay mucho esfuerzo voluntario y una solidaridad enorme, pero al final siempre se necesita dinero para abogados, atención médica y traslados de heridos. Esta situación rebasa toda capacidad de atención, ya que el Estado y los servicios básicos de salud no están cumpliendo necesariamente con su papel. Están habiendo colectas públicas y sería de gran ayuda encontrar otros fondos que permitan enfrentar estas situaciones.
P. ¿Qué riesgos tiene que asumir una ONG ante un contexto como el actual?
J.A. La estigmatización es algo que enfrentamos desde hace tiempo. Curiosamente, en la coyuntura actual, salvo alguna excepción, no ha habido acusaciones directas contra las ONG. El discurso actual se enfoca en acusar a economías ilegales como financistas de las protestas.
Sin embargo, las ONG hemos sido señaladas en contextos previos de ser financiadores de protestas, sobre todo aquellas que trabajan en la protección o promoción de los derechos de los territorios, de poblaciones vinculadas a las industrias extractivas. Lo que hacemos en esas circunstancias es desmentirlo, brindar información del destino de nuestros fondos, pues es información pública. Además, hemos solicitado reuniones con los funcionarios de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y a través de ellos con el Ministerio de Exteriores para explicarles nuestra posición y responder a esas acusaciones. Brindamos información, visibilizamos tratando de desmentir las acusaciones falsas. La transparencia es nuestro principal mecanismo de protección.
En ocasiones, ante situaciones de riesgos para la seguridad individual de algunos de nuestros integrantes, podemos recomendar evitar viajes u otro tipo de medidas, pues siempre existe el riesgo de una campaña comunicacional y tal vez de una acción legal o punitiva contra algún miembro. En estos momentos, tenemos la impresión que se ha comenzado a mencionar a las ONG como financiadores de las protestas, pero nos mantenemos firmes en manifestarnos contra este tipo de expresiones que solo vulneran el derecho de la libertad de acción que tenemos todos los ciudadanos.
[1] Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional, «Sobre los lamentables hechos de los últimos días en el Perú», 13 de diciembre 2022.
[2] Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional, «Pronunciamiento de la COEECI ante los nuevos hechos de violencia y de violaciones de los Derechos Humanos en el Perú», 10 de enero 2023
[3] Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional, «Pronunciamiento de la COEECI ante la continuidad de los hechos de violencia y de violaciones de los Derechos Humanos en el Perú», 24 de enero 2023.
